Luis Munguía cómplice del nepotismo de la líder sindical Lucia Curiel Peña
Bajo La Mirada de Pedro Castillo, 25 de noviembre del 2024.
En la nómina del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, del pasado 15 de noviembre del 2024, apareció una persona que, fue dada de baja cuando el partido político MORENA y el hoy ex alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez, llegaron en el año 2021 a hacerse cargo de la administración del gobierno municipal de esta ciudad.
La persona tiene un laudo que hasta la fecha no ha sido resuelto por el tema de su despido, pero apenas este 15 de noviembre, reapareció asignada en la nómina del área de tesorería, con nombramiento de Coordinadora tipo “R” con un salario de 25,880.70 pesos mensuales, se trata de Carmen Larissa Gradilla Peña, con número de empleado 45295.
La parte política del asunto es que ella es prima hermana de la líder sindical Lucía Curiel Peña, por lo que pudiera considerarse que directamente influyó en el alcalde Luis Munguía para que, su prima lograra obtener el beneficio de verse ingresada nuevamente a la nómina municipal, acordando de manera privada si le van a respetar su antigüedad desde años atrás, algo que tendría que salir vía judicial en el laudo que ella promovió contra el Ayuntamiento vallartense, no desde el tráfico de influencias que se pudiera dar en el tema, mientras tanto todo parece indicar que Luis Munguía aplica la de flojito y cooperando para evitar situaciones con el sindicato de empleados municipales, ajeno a los manejos de su líder cuyas cuentas personales han recibido millones de pesos de recursos públicos de sus representados.
Será interesante conocer si ella entró a trabajar con un nuevo nombramiento al gobierno municipal, algo que se podría dilucidar en la Oficialía Mayor Administrativa, o si le dejaron el mismo que ella ya tenía cuando era parte de la administración del emecista Arturo Dávalos Peña, porque la letra que le aparece en su nómina «R» significa personal reinstalado, la «C» confianza y la «S» sindicalizado, situación por la que el Director Jurídico del Ayuntamiento y el propio Sindico Municipal tendrían responsabilidad, si fueron omisos ante una posible petición del titular del poder ejecutivo municipal, para simplemente obviar el proceso del laudo sin resolver e ingresarla a colaborar, sin la orden del tribunal para que la reinstalen.